Con propósito del treinta y seis aniversario de la Convención sobre los derechos del Niño, el Instituto Nacional de Inclusión social Adolescente (Inisa), considera oportuno dirigir el presente pronunciamiento, a fin de expresar su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Tanto la Convención, como sus protocolos facultativos y las observaciones generales, constituyen un importante corpus iuris para la construcción de políticas públicas que aseguren el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, esto, en el sistema penal para adolescentes, se traduce en un trato diferenciado y especializado, en comparación con el de los adultos.
En Inisa, trabajamos día a día para que cada adolescente y joven bajo nuestra responsabilidad, encuentre oportunidades reales de educación e inserción social, en un marco de dignidad y equidad. En este sentido nuestra propuesta programática 2025-2030, identifica tres ejes estratégicos para la transformación del sistema: la reorganización de la carrera funcional, la profesionalización y formación continua del personal, y el fortalecimiento de las medidas socioeducativas no privativas de libertad.
En torno a los ejes que se vinculan con la dimensión institucional, identificamos la necesidad de una modernización profunda y coherente de Inisa con los principios de inclusión, derechos humanos y eficacia pública, lo que implica a su vez, más y mejor formación de los funcionarios/as, esperando poder generar espacios de atención a su salud integral, debido al desgaste emocional crónico, producto del trabajo en contextos de encierro con adolescentes.
En cuanto al fortalecimiento de las penas de base comunitaria, dado que el modelo organizacional de Inisa ha estado históricamente más enfocado en la gestión del encierro que en el del desarrollo de otros tipo de medidas, el desafío del quinquenio es revertir esta situación, a través de un cambio institucional profundo, que posicione a Inisa como un actor central en la garantía de derechos y en la construcción de trayectorias de inclusión.
Estos cambios serán posibles en la medida que sigamos trabajando en un cambio de paradigmas, empezando por el paradigma que persiste en algunos sectores del sistema de justicia y en la opinión pública, donde las penas de base comunitaria se perciben como sanciones insuficientes o hasta ineficaces, alimentando una tendencia a recurrir al encierro como respuesta preferente.
Hablar de cambio de paradigmas implica también avanzar hacia el cambio de paradigma con el que vemos a adolescentes y jóvenes privados de libertad, a fin de poder reconocerlos como sujetos de derechos y promover su desarrollo, teniendo en cuenta una evaluación integral de cada caso en concreto y generando planes individualizados para la implementación de las medidas socioeducativas.
En suma, el cumplimiento de las medidas socioeducativas, sean privativas de libertad o de base comunitaria, deben ser concebidas como un proceso educativo que articule acciones interinstitucionales, interdisciplinarias e intergeneracionales, integrando educación, salud, formación laboral y construcción de proyectos de vida viables.
En base a lo expuesto, reafirmamos que el bienestar de la niñez y la adolescencia es una responsabilidad colectiva, que requiere del compromiso de toda la sociedad. En este sentido, a raíz de un aniversario más de la Convención sobre los derechos del Niño, renovamos nuestro llamado a fortalecer las redes de apoyo, la cooperación interinstitucional y la participación protagónica de los y las adolescentes en la construcción de su futuro.
Directorio de Inisa
Lic. Jaime Saavedra
Sr. Ángel Fachinetti
Dr. Daniel Radío